El pleno de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por mayoría de votos, declaró este martes sin lugar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Decreto Legislativo 04-2022, contentivo de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, conocida también como Ley de Amnistía Política.
De acuerdo con lo informado por el director de comunicaciones del Poder judicial, Melvin Duarte, la votación concluyó con 10 votos a favor y cinco en contra.
Además, Duarte detalló que los magistrados que votaron a favor fueron: la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, Mario Díaz, Roy Pineda, Rubenia Galeano, Nelson Mairena, Odalys Nájera, Ricardo Pineda, Felipe Spears, Patricia Martínez y Roxana Morales.
Entre tanto, los magistrados que votaron en contra fueron: Anny Ochoa, Gaudy Bustillo, Walter Sabio, Luis Discua y Marvin Espinal, todos afines al Partido Nacional (PN).
«El origen de los recursos fueron interpuestos ante la Sala de lo Penal, ambos referidos al ciudadano Rodolfo Padilla Sunseri», señaló Duarte.
Finalmente, recordó que «ya esta es la última instancia y el Pleno ha determinado en este sentido declarar sin lugar los recursos presentados y es la decisión final que se toma por la Suprema Corte».
Aprobación de la Amnistía Política
El decreto legislativo 04-2022, que contiene la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional y para que los Hechos no se Repitan, fue publicada en el diario La Gaceta el 4 de febrero de 2022.
Es de mencionar que el 8 de marzo de 2022 la jueza Karla Romero presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ese decreto.
La Amnistía Política ha exonerado a diversos exfuncionarios, algunos presos políticos y otros vinculados a delitos de corrupción, en su mayoría del gobierno de José Manuel Zelaya (2006-2009), lo que ha generado críticas.
Entre los beneficiados están el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, el exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri.
Asimismo, el extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), César Arnulfo Salgado y el hermano de la diputada Silvia Ayala, Germán Enrique Ayala, quienes fueron procesados por delitos de corrupción pública y el último por un delito de incendio agravado en perjuicio de Hondutel.
También ha sido beneficiado el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, acusado por varios casos de corrupción.